El Estado de Bienestar y su desempeño económico – por Pablo Guido

El Estado de Bienestar y su desempeño económico – por Pablo Guido

Introducción

Si bien hoy existe un amplio consenso por parte de la opinión pública y de los círculos académicos sobre la mayor efectividad y eficiencia del sistema capitalista en comparación con el sistema socialista, existe un profundo debate sobre las funciones que el Estado debe cumplir en una economía capitalista.

El Estado surge como una necesidad de las personas de establecer una organización que provea de seguridad física a dichos individuos y además garantizar la propiedad privada. Las ventajas de vivir en sociedad son evidentes: una mayor división del trabajo y especialización genera una mayor productividad. Estos logros suponen que los intercambios sean voluntarios entre las partes. Lo cual quiere decir que sean respetados los derechos de propiedad de cada uno de los habitantes de una sociedad. Claro que existe la posibilidad de que dichos derechos sean violados por la acción agresiva de ciertas personas. Para evitar que eso ocurra es necesaria la existencia de una organización cuyo objetivo sea el de proteger los derechos de cada persona. Porque una cosa es cierta: sin la protección necesaria contra delincuentes o “depredadores”, las actividades productivas de las personas se reducen a su mínima expresión. Si la probabilidad de ser “saqueado” aumenta, el incentivo a producir, ahorrar o invertir disminuye como consecuencia. Los inversores, y las personas en general, no sólo están estimando permanentemente la rentabilidad que una actividad determinada puede generar, sino también están analizando la probabilidad de que sus derechos de propiedad sean respetados o violados.

Pero con el pasar de los siglos, otras funciones se le fueron atribuyendo al Estado, especialmente la redistribución de ingresos y patrimonios.
¿El crecimiento de las economías desarrolladas fue generado gracias a la ampliación de las funciones del Estado en lo referente a las políticas redistributivas o a pesar de la mayor intervención de la organización estatal en ese campo? ¿El desarrollo económico puede lograrse tanto con un modelo de Bienestar europeo (donde el mayor ejemplo es Suecia), con un modelo de Bienestar anglosajón (EEUU, Gran Bretaña) o con un Estado que limite su participación a las funciones bien limitadas y estrictas siguiendo el modelo clásico o de Estado Gendarme?.

Tamaño del Estado a lo largo de la historia

No existirían demasiadas dudas respecto a cuáles fueron las funciones originales del Estado en la historia de la humanidad: brindar seguridad a los habitantes contenidos en un territorio respecto de ataques provenientes tanto del exterior como del interior. Pero es evidente que a lo largo del siglo XX hay una tendencia muy clara sobre la ampliación y profundización del rol del Estado o más específicamente un incremento en el tamaño del Estado.
Muchos autores coinciden respecto a las causas fundamentales del crecimiento del tamaño del Estado: el desarrollo del Estado de Bienestar. Antes de continuar tratemos de definir sintéticamente en qué consistiría esta función estatal. El “Welfare State” estaría conformado por programas estatales orientados a proveer un conjunto de beneficios a la población: seguro de desempleo, servicios de salud, jubilaciones y pensiones, educación, vivienda y otros gastos sociales de menor magnitud. Como decíamos, existen muchos autores que respaldan la hipótesis anterior. Mientras Gordon Tullock afirma que “la tesis bismarckiana (Bismarck fue el creador del estado benefactor en Alemania) resulta particularmente adecuada para explicar el continuado crecimiento del gobierno (…)”[1], Tanzi y Schuknecht lo ponen en términos similares: “Over the past century, the size of government in industrial countries has expanded rapidly. In recent decades, this expansion was caused largely by expenditures normally associated with the welfare state”[2].

Pero, ¿cuándo tuvo lugar este incremento del tamaño del Estado?. Si bien se podría decir que el país precursor del Estado de Bienestar fue la Alemania unificada durante los años del canciller Bismarck, habría que esperar hasta la tercera o cuarta década del siglo XX para enfrentarnos a una tendencia bien definida.

En el siglo XIX la visión preponderante sobre el rol del Estado estaba fundamentada en las ideas de los economistas clásicos y los filósofos políticos que apoyaban el Estado mínimo o gendarme. Adam Smith establecía claramente que el Estado solamente debía proveer servicios de seguridad y defensa, la administración de justicia y no mucho más. Para 1870, los países industrializados tenían un gasto público (promedio) de tan sólo un 10 % del PIB. Hacia finales del siglo XIX las ideas comienzan a cambiar. El pensamiento marxista y socialista comienza a atribuirle otras funciones al Estado: la redistribución fue sumada a las funciones legítimas del Estado, demandando así transferencias de riqueza e ingresos desde las personas más ricas hacia las menos afortunadas. En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels defienden concretamente la implementación de un “fuerte impuesto progresivo” para terminar gradualmente con la propiedad privada de los capitalistas[3].

Para 1880, Alemania establecía un sistema de seguridad social orientado a la ejecución de ciertos programas de transferencias hacia los desempleados y personas de mayor edad. Pero también estas nuevas ideas provinieron de economistas que podemos calificar como “clásicos”. John Stuart Mill ya en 1848 decía lo siguiente: “Las leyes y las condiciones que rigen la producción de la riqueza participan del carácter de realidades físicas. En ellas no hay nada de arbitrario o facultativo. Sea cual fuere lo producido por la humanidad, tiene que producirse en formas y en condiciones impuestas por la constitución de cosas externas, y por las propiedades inherentes a su propia estructura física y espiritual. Quiéralo o no el hombre, su producción estará limitada por la magnitud de su acumulación previa y, partiendo de ésta, será proporcional a su actividad, a su habilidad y a la perfección de su maquinaria y al prudente uso de las ventajas de la combinación del trabajo (…) No sucede lo propio con la distribución de la riqueza. Esta depende tan sólo de las instituciones humanas. Una vez que existen las cosas, la humanidad, individual o colectivamente, puede disponer de ellas como les plazca. Puede ponerlas a disposición de quien le plazca y en las condiciones que se le antojen (…) La distribución de la riqueza depende, por consiguiente, de las leyes y las costumbres de la sociedad. Las reglas que la determinan son el resultado de las opiniones y los sentimientos de la parte gobernante de la comunidad, y varían mucho según las épocas y los países; y podrían ser aún más diferentes, si así le placiera a la humanidad”[4]. De esta manera, Mill estaba diferenciando el proceso de producción del de distribución del ingreso y la riqueza. Para él, el primero dependía de la asignación de recursos que se realizaba a través del proceso de mercado, mientras que el segundo dependía de la asignación de recursos que se realizaba a través del proceso político. Podríamos afirmar que por primera vez un economista clásico hacía esta diferencia tan tajante entre el proceso de producción y el proceso de distribución. Sostener que el Estado, mediante las normas e instituciones creadas por los hombres, puede decidir qué porción de lo producido puede o no quedar bajo el dominio del dueño de los recursos que generó dichos bienes o servicios, significa abrir una “caja de Pandora”. El criterio para establecer cuáles serían los ingresos y el patrimonio de las personas ya no estaría determinado por la participación de cada uno en el proceso de mercado (productividad), sino por las instituciones provenientes de una nueva ingeniería social. En otras palabras, los ingresos y patrimonios de las personas ahora pasarían a depender de factores políticos, no del mayor o menor grado de eficiencia en satisfacer demandas de terceros de manera voluntaria. De esta manera, el proceso de distribución se independiza del proceso de producción. Se establece una “cuña” entre ambos procesos, generándose una transferencia de ingresos y patrimonios no voluntaria entre individuos. Se puede decir que a partir de afirmaciones como las que hacía Mill, los límites a la acción estatal se desplazaban a favor de los políticos, grupos de presión, burócratas, etc.

Mises, 100 años después de las recomendaciones en este sentido realizadas por Mill, expresaba claramente la idea en la que se basaba la “redistribución”: “Supone el dirigista que las medidas atentatorias contra el derecho de propiedad para nada influyen sobre el volumen total de la producción (…) La producción, para él, es una suma dada, sin relación alguna con el orden social existente. Piensa que no es tanto la producción, sino la “equitativa” distribución de la misma entre los distintos miembros de la comunidad, lo que fundamentalmente debe preocupar al estado. Intervencionistas y socialistas pretenden que los bienes económicos son engendrados por peculiar proceso social. Llegado ésta a su término y recolectados sus frutos, se pone en marcha un segundo proceso que distribuye entre los miembros de la comunidad los bienes acumulados. Rasgo característico del capitalismo es – dicen – el que las respectivas cuotas asignadas, en dicho reparto, a cada individuo sean desiguales. Hay quienes – empresarios, capitalistas y terratenientes – se apropian más de lo debido. El resto de las gentes, consecuentemente, ve su participación injustamente cercenada. El poder público está obligado, ejercitando innegable derecho, a expropiar ese exceso retirado por los privilegiados para redistribuirlo entre los restantes ciudadanos. Pero esa supuesta dualidad de procesos – uno de producción y otro de distribución – en la economía de mercado no se da. El mecanismo es único. Los bienes no son primero producidos y luego distribuidos (…) Todos los bienes, desde un principio, son siempre propiedad de alguien. Si se quiere redistribuirlos es obligado proceder previamente a su confiscación. El aparato estatal de compulsión y coerción puede, desde luego, lanzarse a todo género d expoliaciones y expropiaciones. Pero ello no prueba que un duradero y fecundo sistema de colaboración social pueda, sobre tal base, estructurarse”[5].

Veamos entonces la evolución del tamaño del sector público desde 1870 en adelante.

Gasto publico como porcentaje del PIB en paises desarrollados a lo largo del sigloDigamos que a lo largo de 12 décadas el tamaño del Estado, medido en términos del gasto público/PIB, se ha cuadruplicado en los países desarrollados. La Primera Guerra Mundial y posteriormente la Gran Crisis de 1929 significó un período de transición entre el Estado gendarme y el Estado de Bienestar. Las funciones estatales que la escuela neoclásica (¿o podemos decir keynesiana?) asigna al Estado (redistribución, estabilización y asignación) toman forma en la segunda post guerra. Es el triunfo de las políticas activas del Estado y del papel intervencionista que Keynes y sus seguidores le asignaban al gobierno para solucionar las “fallas de mercado”. La composición del gasto del Estado también sufrió modificaciones. Mientras que en el siglo XIX y principios del XX la inversión pública representaba la quinta parte de las erogaciones totales del gobierno, para fines de siglo solamente participa con el 5% del total. El incremento más importante dentro de los rubros de erogaciones estatales ha sido el que corresponde a transferencias y subsidios. Es decir, aquellos gastos propios y característicos del Estado benefactor. Estos gastos han pasado del 10% de las erogaciones totales del sector público a fines del siglo XIX hasta aproximadamente un 25% a fines del siglo XX. Esto significa que el incremento en los gastos de transferencia y subsidios estarían explicando las tres cuartas partes del incremento del gasto público total entre la década del 60 y la del 90.

Efectos del aumento del tamaño del sector público
En el trabajo de Gwartney, Holcombe y Lawson [6] se puede verificar el aumento del gasto público con relación al PIB. Según estos autores, el tamaño del Estado en los países industrializados casi se duplica entre 1960 y 1996: del 27 % al 48 % del PIB. Los autores calculan la participación que las funciones centrales del gobierno tienen sobre el PIB en el grupo de países evaluados. Estas funciones centrales son las mismas a las cuales hacía referencia Adam Smith a fines del siglo XVIII: 1) “El primer deber del soberano, el de proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes, sólo puede ser cumplido mediante una fuerza militar”[7], 2) “El segundo deber del soberano, el de proteger en cuanto le sea posible a cada miembro de la sociedad contra la injusticia y opresión de cualquier otro miembro de la misma, o el deber de establecer una administración exacta de la justicia (…)”[8] y 3) “el tercer y último deber del soberano o el Estado es el de construir y mantener esas instituciones y obras públicas que aunque sean enormemente ventajosas para una gran sociedad son sin embargo de tal naturaleza que el beneficio jamás reembolsaría el costo en el caso de ningún individuo o número pequeño de individuos y que, por lo tanto, no puede esperarse que ningún individuo o grupo reducido de individuos vayan a construir o mantener (…) son fundamentalmente las que facilitan el comercio de la sociedad y las que promueven la instrucción del pueblo”[9].

Gasto publico en funciones esenciales como porcentaje del PIB
El gasto público de los países desarrollados en aquellas funciones que podríamos caracterizar como propias del Estado gendarme o mínimo (seguridad, justicia y ciertas obras de infraestructura) alcanzaría, según aquellos autores, el 15 % del PIB en promedio. Es decir, que los gastos que reflejan las funciones estatales no contempladas bajo la perspectiva de Adam Smith (escuela clásica) representarían más del 30% del PIB o más de las dos terceras partes del gasto total.
¿Cuáles han sido los efectos sobre la tasa de crecimiento económica de este proceso expansivo del gasto público en los países desarrollados?
Se pueden verificar estos efectos relacionando el tamaño del gasto como porcentaje del PIB y la tasa de crecimiento anual del PIB.

Tamaño del Estado y crecimiento del PIB real anual

Las conclusiones son contundentes: aquellos países que han tenido un gasto público menor al 25 % del PIB entre 1960 y 1996 lograron una tasa de crecimiento del 6,6 % anual, mientras que los países donde el gasto público representa más del 60 % del PIB tuvieron una performance de tan sólo un 1,6 % al año en materia de crecimiento. La tendencia es bastante clara. La relación entonces sería esta: a mayor tamaño del Estado menor desempeño económico y viceversa.

Efectos del tamaño del Estado sobre otros indicadores de bienestar

El crecimiento económico es uno de los indicadores que nos pueden aproximar a una definición de bienestar económico. Claro que es mejor tener en cuenta la tendencia de la tasa de crecimiento de un país a lo largo de un período extenso que tomar solamente una “foto” o una secuencia de corto plazo. Esto significa que la tasa de crecimiento relevante para medir la performance económica de un país es la de largo plazo. Otros indicadores que nos pueden ayudar para evaluar los resultados de una sociedad en lo que respecta al nivel de vida de la misma son: expectativa de vida, alfabetismo, tasa de mortalidad infantil, tasa de desempleo, pobreza e indigencia.

El trabajo de Tanzi y Schuknecht realiza una comparación extensa en aquellos indicadores entre diferentes países. La comparación está basada en un criterio: el tamaño del Estado. Así, podemos analizar la performance de aquellos países con Estados grandes, medianos, pequeños y muy pequeños.

Tamaño del Estado e indicadores importantes

Veamos algunas conclusiones que podemos sacar del cuadro:
¨ Los países con estados grandes gastan 3,5 veces más que los estados muy pequeños en salud (en % del PIB) y obtienen resultados similares en materia de expectativa de vida y tasa de mortalidad infantil. Esto no quiere decir que los primeros países estén probablemente sólo despilfarrando recursos públicos en materia sanitaria, sino que la(s) variable(s) explicativa(s) de mejores condiciones de salud y mayores expectativas de vida seguramente las debemos buscar por otro lado y no en el gasto público en salud. Seguramente la mayor tasa de crecimiento de los países de menor participación del Estado en la economía pueda ser la variable que mejor explique lo anterior.
¨ Queda claro, tal como habíamos comentado más arriba, que los países con mayor tamaño del Estado le deben esta situación al desarrollo del Estado de Bienestar: mientras que los países con estados pequeños o muy pequeños gastan en transferencias y subsidios entre un 5 y 14 % del PIB, los países con un gasto público medio o grande (en términos del PIB) asignan hasta un tercio de la producción en este tipo de programas de “bienestar”.
¨ A pesar de lo anterior, el ingreso per cápita (medido en dólares) es similar entre los países de las cuatro categorías. Los países con estados muy pequeños son los llamados “NIC” o “países de industrialización reciente” como Hong Kong, Singapur, Korea del Sur o Chile. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, los países conocidos como “tigres del sudeste asiático” hace no más de 4 décadas eran regiones que podríamos caracterizar como pobres, podemos suponer que la falta de un estado benefactor les ha generado amplios y exitosos resultados. O para ponerlo de otra manera: el costo que implica cargar con un Estado de Bienestar ha sido evitado en esos países y esto les ha permitido acortar la brecha en el nivel de ingresos respecto de los primeros países industrializados e inclusive en los últimos años les ha permitido superar a aquellos en términos de ingreso per cápita.
¨ La mayor intervención del Estado en la economía genera algo bien conocido en la literatura económica: una mayor economía informal o “negra”.
¨ Como corolario del punto anterior, podemos ver que los países de mayor intervención del Estado obtienen tasas de desempleo mayores que los países con un tamaño del gobierno pequeño o muy pequeño. Es decir, la mayor tasa de desempleo puede ser explicada por varias causas, entre las cuales están las regulaciones y costos del mercado laboral. Sabemos que en países donde el Estado de Bienestar ha echado profundas raíces (Europa continental) la rigidez del mercado de trabajo es superior al del resto de los países.
¨ El mayor endeudamiento público en los países con Estados más grandes es consecuencia del excesivo tamaño del gasto. Los ingresos genuinos que el Estado genera a través de la recaudación tributaria no alcanza a financiar dicho nivel de gasto público (entre 45 % y 55 % del PIB). Si a esto le sumamos la deuda no registrada (pero que se devenga año tras año) generada por los sistemas de Previsión Social (sistemas de reparto o pay-as-you-go) la relación deuda / PIB es ampliamente superada por los datos del cuadro. Estamos hablando de niveles de endeudamiento que superan en muchos países de Europa occidental (Bélgica, Italia, Alemania o Francia) el 100 % del PIB. Este problema casi es inexistente en países donde el Estado no participa de este tipo de programas típicos del estado benefactor. O existen regímenes de capitalización privados para los beneficiarios de las prestaciones jubilatorias o están en un proceso de liquidación del antiguo sistema de reparto estatal (Chile).

Milton Friedman, ya en 1979, se preguntaba: “¿Por qué razón todos estos programas han defraudado tanto? Sin duda sus objetivos eran humanitarios y nobles. ¿Por qué, entonces, no se han alcanzado?. Al comienzo de la nueva era todo parecía bien. Los individuos que habían de beneficiarse eran pocos, y los contribuyentes que podían financiar dichos programas, muchos, de modo que cada uno pagaba una pequeña cantidad que proporcionaba beneficios significativos a unos pocos que los necesitaban. En cuanto aumentaron los programas de bienestar, las cosas cambiaron. En la actualidad, todos nosotros estamos financiando unos programas con un bolsillo, para recibir dinero – o algo que el dinero podría comprar – en el otro”.

Alexis de Tocqueville: anticipo del Estado de Bienestar

En la primera mitad del siglo XIX Alexis de Tocqueville, aristócrata francés, realizó un viaje de nueve meses a lo largo de los Estados Unidos. Como resultado de las observaciones del autor en dicho viaje se publicaron dos volúmenes bajo el nombre de “La democracia en América”, que sería más tarde una de las obras más importantes de teoría política de Occidente. En el segundo volumen, publicado en 1840, Tocqueville ya anunciaba el desarrollo futuro del Estado de Bienestar: “Creo que es más fácil establecer un gobierno absoluto y despótico en un pueblo donde las condiciones sociales son iguales que en otro cualquiera, y opino que si semejante gobierno llegara a implantarse en tal pueblo, no sólo oprimiría a los hombres, sino que a la larga los despojaría de los principales atributos de la humanidad.
El despotismo me parece, por tanto, el mayor peligro que amenaza a los tiempos democráticos.
Por encima se alza un poder inmenso y tutelar que se encarga exclusivamente de que sean felices y de velar por su suerte. Es absoluto, minucioso, regular, previsor y benigno. Se asemejaría a la autoridad paterna si, como ella, tuviera por objeto preparar a los hombres para la edad viril; pero, por el contrario, no persigue más objeto que fijarlos irrevocablemente en la infancia; este poder quiere que los ciudadanos gocen, con tal de que no piensen sino en gozar. Se esfuerza con gusto en hacerlos felices, pero es esa tarea quiere ser el único agente y el juez exclusivo; provee medios a su seguridad, atiende y resuelve sus necesidades, pone al alcance sus placeres, conduce sus asuntos principales, dirige su industria, regula sus traspasos, divide sus herencias; ¿no podría librarles por entero a la molestia de pensar y el derecho de pensar y el trabajo de vivir?
De este modo cada día se hace menos útil y más raro el uso del libre albedrío; el poder circunscribe así la acción de la voluntad a un espacio cada vez menor, y arrebata poco a poco a cada ciudadano su propio uso. La igualdad ha preparado a los hombres para todas estas cosas; para sufrirlas y con frecuencia hasta para mirarlas como un beneficio.
Después de tomar de este modo uno tras otro a cada individuo en sus poderosas manos y de moldearlo a su gusto, el soberano extiende sus brazos sobre la sociedad entera; cubre su superficie con una malla de pequeñas reglas complicadas, minuciosas y uniformes, entre las que ni los espíritus más originales ni las almas más vigorosas son capaces de abrirse paso para emerger de la masa; no destruye las voluntades, las ablanda, las doblega y las dirige; rara vez obliga a obrar, se opone constantemente a que se obre; no mata, impide nacer; no tiraniza, mortifica, reprime, enerva, apaga, embrutece y reduce al cabo a toda la nación a rebaño de animales tímidos e industriosos cuyo pastor es el gobierno.
Siempre he creído que esta clase de servidumbre, reglamentada, benigna y apacible, cuyo cuadro acabo de ofrecer, podría combinarse mejor de lo que se piensa comúnmente con algunas de las formas exteriores de la libertad, y que no le sería imposible establecerse junto a la misma soberanía del pueblo.
En nuestros contemporáneos actúan incesantemente dos pasiones opuestas; sienten la necesidad de ser conducidos y el deseo de permanecer libres. No pudiendo acabar con ninguna de estas inclinaciones contradictorias, se esfuerzan por satisfacer ambas a la vez. Conciben un poder único, tutelar, todopoderoso, pero elegido por los ciudadanos. Combinan la centralización con la soberanía del pueblo. Esto les permite cierta tranquilidad. Se consuelan de su tutelaje pensando que son ellos mismos quienes eligen sus tutores”[10].

El mensaje de Tocqueville estaba muy claro. Las consecuencias que este tipo de organización estatal genera sobre la sociedad determinan menores incentivos a producir, ahorrar e invertir por parte de los individuos en general.

Conclusiones

En el siglo XX el tamaño del Estado ha venido incrementándose paulatinamente, aunque podemos verificar una aceleración de la tendencia en el período de entreguerras y posteriormente a partir de la década del 60’. En los países desarrollados las funciones originales del Estado (Estado gendarme o mínimo) representan un gasto público en relación al PIB de aproximadamente un 12/13%[11]. Actualmente el tamaño del Estado ha sobrepasado varias veces esa relación: en los países industrializados el gasto público promedia el 46% del PIB.

El tamaño del Estado sobre la performance económica no es neutral, ya que la tasa de crecimiento del producto varía de manera inversamente proporcional al “peso” del gobierno sobre la economía. Los países con un gasto público menor al 25 % del PIB entre 1960 y 1996 lograron una tasa de crecimiento del 6,6 % anual, mientras aquellos países donde el gasto público representa más del 60 % del PIB alcanzaron tasas de crecimiento de tan sólo un 1,6 % anuales.

En lo que respecta a los resultados que el Estado de Bienestar ha logrado en materia de indicadores económicos o sociales no pueden verificarse diferencias significativas respecto a otros países donde los programas sociales redistributivos son de menor importancia, en términos del PIB. Por lo tanto, los subsidios, transferencias y programas estatales educativos o sanitarios que conjuntamente se denomina “Estado de Bienestar” no serían las causas del bienestar económico. A juzgar por la evidencia histórica, los países tienden a alcanzar mayores tasas de crecimiento económico en función de la mayor productividad y no como consecuencia de los mayores programas de redistribución forzosa de ingresos y patrimonios que establece el Estado. La mayor productividad se alcanza gracias a la disminución de los costos de transacción y el respeto por los derechos de propiedad que generan mayores oportunidades de intercambios y ganancias entre los individuos.

Autor:
Prof. Pablo Guido, EASEADE y profesor M.E.E. de la UFM de Guatemala

[1] Gordon Tullock, El desarrollo del gobierno, Libertas 27, ESEADE, 1997, p. 26.
[2] Vito Tanzi y Ludger Schuknecht, Reforming government in industrial countries, University of Michigan Press, 1998, p. 1.
[3] Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista, Editorial Anteo, 1989, p. 62.
[4] John Stuart Mill, Principios de Economía Política, FCE, 1996, pp. 191 – 192.
[5] Ludwig von Mises, La acción humana, Unión Editorial, 1986, pp. 1159 – 1160.
[6] Gwartney, Holcombe y Lawson, The scope of government and the wealth of nations, Cato Journal, Vol 18 Nº 2, 1998.
[7] Adam Smith. La riqueza de las naciones, Alianza Editorial, 1994, p 665.
[8] Adam Smith, op. cit., p 674.
[9] Adam Smith, op. cit., pp 685 – 686.
[10] Alexis de Tocqueville, La democracia en América, Vol II, Alianza Editorial, 1993, pp. 268 – 270.
[11] Gwartney, Holcombe y Lawson, The scope of government and the wealth of nations, Cato Journal, Vol 18 Nº 2, 1998.

2 Comments

  1. Gino
    Nov 22, 2013

    Análisis necesario

    Gracias por compartirlo, no es compartido en su totalidad, pero tiene rigor cientifico

    Atento

    GINO

    • jfcarpio
      Nov 22, 2013

      Gracias Gino. Saludos.

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